La adjudicación de grandes proyectos de inversión en un 80% ha recaído en empresas extranjeras, entre ellas las empresas chinas. Estas, según el Gobierno, en obras como la construcción del aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana, el ingenio San Buena Ventura y la ferrovía Montero-Bulo Bulo han mostrado fallas en el cumplimiento de los plazos y avances en la ejecución de obras.
Según el Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, algunas empresas chinas están arriesgándose a entrar a los proyectos, "sin tener el conocimiento y la experiencia en el desarrollo de esto (proyectos)".
"Ellos pretenden durante la ejecución de que el Gobierno pueda incrementar o plantear órdenes de cambio, aumentando presupuesto. No vamos a permitir, posibles maniobras que quieran hacer, vamos ha tomar recaudos”, precisó la autoridad.
Una situación patética. Como lo reflejó El Día en febrero de este año, por la construcción de la ferrovía Montero-Bulo Bulo, de una inversión de 250 millones de dólares, a más de dos años de su adjudicación en septiembre 2012, el avance registrado fue de apenas el 24%. Por esta situación, en el Tramo II (río Yapacaní-Bulo Bulo), la empresa china Railway Construction Corp (CRCC) fue alejada del proyecto y ejecutada su boleta de garantía.
“El 20% por concepto de anticipo y 7% adicional como garantía de cumplimiento, que en total son 27% de la inversión, se han recuperado esos recursos", informó Claros al hacer referencia al monto de $us 104,8 millones.
Y casi tres meses después, esta vez en el tramo I entre Montero-río Yapacaní de $us 83,6 millones, el Gobierno anuncia una posible resolución de contrato a la empresa asiática CAMC Engineering.
Según Claros, la empresa no honró el cronograma de movilización de equipos ni personal ofrecidos y demostró una actitud negligente para la corrección oportuna de los retrasos. "En base a informes de supervisión y fiscalización hemos pasado una 'intención de resolución' con un plazo de 20 días. Todo depende de la empresa, tienen que recuperar esas demoras", señaló.
Según la autoridad, dicha intensión de resolución fue emitida a la empresa CAMC, hace más de una semana, cuyo plazo fenece el 9 de junio. De incumplir, el Gobierno procedería a la automática rescisión de contrato.
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