La Ferroviaria Oriental identificó que los asentamientos de algunos llanteros que hace semanas fueron reubicados en la zona del quinto anillo de la avenida San Aurelio están a menos de 13 metros de los rieles del tren, pese a que el derecho de vía establece que los asentamientos deben ser mínimo a 15 metros con el objetivo de resguardar la seguridad física de las personas. Como este caso hay varios a lo largo de los 45 kilómetros de extensión de las vías ferroviarias, aunque no hay una cuantificación específica, pues la mayoría de los infractores son por determinadas épocas.
Reportan infracción de diferentes comercios. Un caso peculiar es el de una rockola en la zona de la avenida Cumavi que fue observada por no cumplir la distancia requerida. El nombre de este centro es "El Trillo". El responsable de Comunicación de la Ferroviaria Oriental, Ángel Sandoval, explicó que ya se notificó a los propietarios para que se adecuen a la norma, pero hicieron caso omiso. “El objetivo es disminuir el riesgo de accidentes para preservar la seguridad física de las personas", enfatizó. En el caso de los comerciantes llanteros, la dirigente de estos, Paulina Guzmán, explicó que tienen autorización de la comuna para asentarse en la zona, por lo que están colocando infraestructura de fierros para su puestos. El secretario municipal de Defensa Ciudadana, José Negrete, explicó que se autorizó la permanencia de 72 comerciantes hasta junio del 2016, pero que ellos deben de adecuarse a las normas para su funcionamiento. Entre otras invasiones, citó que en la zona de la Pampa de la Isla todos los domingos se asientan comerciantes a 5 metros de las rieles, otro es el de los camiones areneros en la radial 10 que igual son estacionados a pocos metros de las vías. "Todo el año tenemos asentamientos cerca a las vías, aunque depende de la época, hay diferentes grupos que incumplen. Por ejemplo, a inicios de clases, en algunas zonas, hay ferias de materiales educativos cerca de las vías y hasta se realizan desfiles folclóricos cerca", explicó.
Proceso a infractores. Sandoval explicó que a los infractores se los notifica directamente y luego se informa de esta situación a la Secretaría Municipal de Defensa Ciudadana y a la Policía nacional, en caso de que no se corrija la infracción se reporta a la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) para que esta instancia, si corresponde, denuncie a los infractores por el delito de atentado contra la seguridad del transporte, que tiene como sanción, dependiendo de la gravedad del caso, entre tres a ocho años de cárcel.
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