Para dar una respuesta efectiva al transporte de ciudadanos y de la producción, el Estado recuperará el 2010 las empresas de ferrocarriles de las redes occidental y oriental, informó el ministro de Obras, Servicios y Vivienda, Wálter Delgadillo, en declaraciones a la red Patria Nueva.
"Vamos a recuperar los ferrocarriles, le vamos a meter recursos, para que sea una respuesta efectiva a la necesidad de transporte”, afirmó la autoridad al referirse a la inversión que se efectivizará para interconectar el oriente con occidente y posibilitar la exportación del hierro hacia el Pacífico.
Delgadillo informó, además, que se creará la Empresa Boliviana de Ferrocarriles, debido la difícil situación de Enfe (Empresa Nacional de Ferrocarriles), que tiene pasivos de $us 42 millones.
La nueva empresa tendrá la misión de llevar adelante los proyectos de la recuperación de la red occidental, que a criterio del ministro, “fue abandonada por la capitalizada” ; y de la interconexión Santa Cruz-Cochabamba, con una línea férrea de 400 kilómetros de este a oeste.
“Esa inversión demandará al menos dos mil millones de dólares”, explicó, al señalar que el financiamiento vendrá del Estado y de créditos externos.
Para el proceso de recuperación, técnicos del Viceministerio de Transportes proyectan un traspaso “ordenado, serio y responsable” de la propiedad de las dos empresas capitalizadas.
Durante el proceso de capitalización (1996), Enfe se dividió en dos empresas: Ferroviaria Andina (FCA), en la red occidental; y Ferroviaria Oriental (FOSA), en la red oriental.
El 50% de las acciones de las dos empresas se encuentra bajo propiedad de grupo chileno Lusaka, en el caso de FCA; y de la firma estadounidense Genesta Wyoming, en el de FOSA.
Fuentes del sector ferroviario informaron a La Razón que para materializar la transferencia de la parte capitalizada de los ferrocarriles se debe realizar una auditoría a las dos empresas.
Dicha labor fue encomendada, el 2009, a la entonces Superintendencia de Transportes, pero luego el Gobierno optó por trasladar la responsabilidad al ministerio del área, a través del Viceministerio de Transportes.
De esa forma, hasta fin de enero debería aprobarse un decreto supremo, para una transferencia presupuestaria que permita la realización de las auditorías.
Con los resultados de la evaluación de las empresas, se analizará si cumplieron con los contratos o a cuánto ascienden las inversiones. Sin embargo, según las mismas fuentes, el proceso completo demandaría al menos seis meses.
Ante esta situación, el Gobierno se plantea dos opciones, la nacionalización de las dos empresas (tal como sucedió con Entel) o la revisión de los contratos en beneficio del Estado (como ocurrió en el caso de las empresas petroleras).
"Vamos a recuperar los ferrocarriles, le vamos a meter recursos, para que sea una respuesta efectiva a la necesidad de transporte”, afirmó la autoridad al referirse a la inversión que se efectivizará para interconectar el oriente con occidente y posibilitar la exportación del hierro hacia el Pacífico.
Delgadillo informó, además, que se creará la Empresa Boliviana de Ferrocarriles, debido la difícil situación de Enfe (Empresa Nacional de Ferrocarriles), que tiene pasivos de $us 42 millones.
La nueva empresa tendrá la misión de llevar adelante los proyectos de la recuperación de la red occidental, que a criterio del ministro, “fue abandonada por la capitalizada” ; y de la interconexión Santa Cruz-Cochabamba, con una línea férrea de 400 kilómetros de este a oeste.
“Esa inversión demandará al menos dos mil millones de dólares”, explicó, al señalar que el financiamiento vendrá del Estado y de créditos externos.
Para el proceso de recuperación, técnicos del Viceministerio de Transportes proyectan un traspaso “ordenado, serio y responsable” de la propiedad de las dos empresas capitalizadas.
Durante el proceso de capitalización (1996), Enfe se dividió en dos empresas: Ferroviaria Andina (FCA), en la red occidental; y Ferroviaria Oriental (FOSA), en la red oriental.
El 50% de las acciones de las dos empresas se encuentra bajo propiedad de grupo chileno Lusaka, en el caso de FCA; y de la firma estadounidense Genesta Wyoming, en el de FOSA.
Fuentes del sector ferroviario informaron a La Razón que para materializar la transferencia de la parte capitalizada de los ferrocarriles se debe realizar una auditoría a las dos empresas.
Dicha labor fue encomendada, el 2009, a la entonces Superintendencia de Transportes, pero luego el Gobierno optó por trasladar la responsabilidad al ministerio del área, a través del Viceministerio de Transportes.
De esa forma, hasta fin de enero debería aprobarse un decreto supremo, para una transferencia presupuestaria que permita la realización de las auditorías.
Con los resultados de la evaluación de las empresas, se analizará si cumplieron con los contratos o a cuánto ascienden las inversiones. Sin embargo, según las mismas fuentes, el proceso completo demandaría al menos seis meses.
Ante esta situación, el Gobierno se plantea dos opciones, la nacionalización de las dos empresas (tal como sucedió con Entel) o la revisión de los contratos en beneficio del Estado (como ocurrió en el caso de las empresas petroleras).
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